¿Fraude electoral o golpe de estado? Una revisión crítica de la crisis boliviana de 2019

Por aGusTín PC

La crisis política de Bolivia de 2019 permanece como uno de los episodios más discutidos, divididos y mal interpretados de su historia contemporánea. Mientras algunos sectores sostienen que hubo un “golpe de Estado” y otros apelan al “fraude electoral”, la investigación jurídica, constitucional y de hechos parece sugerir una realidad distinta: el colapso de un proceso electoral viciado de nulidad que rompió el principio democrático de alternancia. El debate, sin embargo, continúa alimentado por narrativas partidarias que buscan justificar errores y mantener vivos resentimientos políticos.

El propósito de este ensayo es demostrar que en 2019 no existió ni un fraude electoral probado ni un golpe de Estado formal, sino que lo que se produjo fue la consecuencia de un proceso electoral inconstitucional, marcado por la habilitación irregular de una candidatura, el quiebre de la legitimidad y la emergencia de una transición incuestionada. Desde ese punto, la tesis debe quedar clara: no se trata de minimizar la crisis, sino de interpretarla bajo la óptica del estado de derecho y la institucionalidad, para reconciliar el país.

1. Una candidatura inconstitucional como desencadenante

La Constitución Política del Estado boliviano (art. 168) limitaba la reelección presidencial continua a un solo mandato, pero la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) 0084/2017 habilitó la postulación de Evo Morales para un cuarto mandato, interpretando que la reelección era un “derecho humano” (Alarcón, 2020). Esta decisión contravenía el resultado del referendo del 21 de febrero de 2016 (21F), donde el pueblo rechazó la reelección indefinida. Por tanto, las elecciones de octubre de 2019 carecían de validez constitucional antes incluso de celebrarse.

La habilitación de la candidatura sostuvo, un fundamento constitucional frágil. En este sentido, Alarcón advierte que “dicha interpretación no sólo violentó la letra constitucional, sino que instauró un precedente autoritario bajo ropaje jurídico” (2020, p. 52). Por lo que el proceso de octubre de 2019 ya aparece viciado de nulidad de facto.

2. El colapso institucional, la renuncia de Morales y la transición de poder

El 20 de octubre de 2019 se produjo la suspensión del sistema de conteo rápido (TREP) del Tribunal Supremo Electoral, lo cual generó una crisis de confianza pública. Aunque la Organización de los Estados Americanos (OEA) señaló manipulación intencional, un análisis posterior de la Center for Economic and Policy Research (CEPR) concluyó que “no había evidencia estadística que mostrara fraude decisivo” (Johnston et al., 2020).

Durante la crisis, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) registró violencia, detenciones arbitrarias y recomendaciones al Estado boliviano de respetar el orden constitucional (IACHR, 2019a; 2019b). Simultáneamente, las movilizaciones sociales, los motines policiales y la presión popular llevaron a Morales a renunciar el 10 de noviembre de 2019, decisión que fue voluntaria y firmada públicamente.

El politólogo Fernando Mayorga (2020) explica que “No fue un golpe clásico, sino un vacío de poder producido por la pérdida simultánea de legitimidad electoral y control institucional” (p. 87). Lo que derivó y llevó a una transición institucional precipitada.

3. Narrativas políticas, polarización y memoria

Tras los hechos de 2019, surgieron dos narrativas contrapuestas, la del “golpe de Estado” promovida por el MAS, y la del “fraude electoral” defendida por la oposición. Ambas versiones buscan simplificar una realidad compleja y legitimar sus posiciones. Sin embargo, ninguna de ellas analiza con profundidad la ruptura constitucional de base.

El CEPR (2020) afirma que “la OEA continuó repitiendo afirmaciones sin respaldo suficiente” (Johnston et al., p. 3), lo que contribuyó al desencanto político y mediático. En paralelo, la CIDH documentó que la transición estuvo marcada por violencia extrajudicial, vulneración de derechos humanos y debilidad institucional (IACHR, 2019a).

En este contexto Toranzo (2021), afirma que “la política boliviana se ha vuelto prisionera de relatos más emocionales que racionales, donde el adversario siempre debe ser el culpable”. A ninguna de las partes le interesó asumir su responsabilidad en la erosión institucional, que culminó en el colapso del 2019.

Este entramado de sentimientos, culpas y símbolos ha impedido que Bolivia aborde la crisis desde la verdad institucional, sembrando más división que reconciliación.

4. El verdadero problema: la ruptura del pacto constitucional

La raíz del conflicto no fue el fraude ni el golpe, sino la ruptura del pacto constitucional de 2009, que garantizaba la alternancia, la legitimidad y la confianza en el voto. Cuando un gobierno decide desconocer los límites constitucionales, el sistema democrático se desmorona por dentro. Como afirma Hannah Arendt (1958), “la política muere cuando los hombres dejan de hablar entre sí y sólo obedecen órdenes”. La lección es clara: sin respeto a la Constitución y a la voluntad popular, no hay democracia posible.

Bolivia enfrenta el reto de transitar de la lógica del conflicto al de la institucionalidad. No se trata de acusaciones mutuas, sino de reconstruir el pacto político. Las víctimas de Sacaba, Senkata y otros lugares siguen esperando justicia, como advierte Amnistía Internacional (2020): “Sin verdad y justicia no hay garantías de no repetición”. Este testimonio histórico, jurídico y ético nos obliga a repensar la política más allá de la identidad partidaria.

En síntesis, lo sucedido en Bolivia en 2019 no puede interpretarse como un fraude masivo o un golpe militar convencional, sino como la manifestación de una crisis institucional originada en la vulneración constitucional de la reelección y una transición precipitada. Las cifras, los análisis estadísticos y los informes de derechos humanos muestran que los hechos no se ajustan a los moldes clásicos de “fraude” ni “golpe”. 

El desafío ahora es aprender de esa experiencia. Bolivia debe cerrar ese capítulo de polarización y dramatización política para abrir uno de institucionalidad transparente, respeto constitucional y responsabilidad ciudadana. Sólo revisando los hechos con honestidad y construyendo memoria colectiva sin fantasmas partidarios podrá avanzar hacia una democracia más madura, sólida y comprometida con su pueblo.

Referencias

• Alarcón, C. (2020). El fallo del TCP y la crisis constitucional del 2019. Revista Jurídica Boliviana, 12(3), 45-58.
• Amnesty International. (2020, agosto). Bolivia: violaciones de derechos humanos durante la crisis post-electoral. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/08/bolivia-violaciones-derechos-humanos-durante-crisis-postelectoral-2/ (Amnesty International)
• Arendt, H. (1958). The Human Condition. University of Chicago Press.
• Center for Economic and Policy Research (CEPR). (2020). New report confirms analysis refuting OAS claims of flawed Bolivian election results. https://cepr.net/newsroom/new-york-times-and-new-report-confirm-cepr-analysis-refuting-oas-claims-of-flawed-bolivian-election-results/ (CEPR)
• IACHR. (2019, October 23). IACHR concerned about violence during electoral process in Bolivia. Organization of American States. (OAS)
• IACHR. (2019, November 11). Political crisis and situation of human rights in Bolivia. Organization of American States. (OAS)
• Mayorga, F. (2020). Crisis política y transición democrática en Bolivia (2019–2020). Fundación Friedrich Ebert.
• Toranzo, C. (2021). Democracia y narrativas políticas en Bolivia contemporánea. La Paz: Plural Editores.