Por aGusTin PC
El presente ensayo sostiene que los conceptos “oficialismo” y “oposición” deben erradicarse del lenguaje político y del ejercicio legislativo. Después de cada elección, los colores partidarios deberían quedar atrás, y el trabajo parlamentario orientarse por el bien del País. Si los representantes no entienden esto, corren el riesgo de seguir empantanados en su propio color, incapaces de responder a las necesidades reales del pueblo boliviano, como en el pasado.
La Asamblea de la UDP (1982–1985): la política del bloqueo
La historia boliviana muestra que la confrontación política no es reciente. Durante el gobierno de la Unidad Democrática y Popular (UDP), la Asamblea se convirtió en escenario de confrontación y parálisis o bloqueo. Los partidos que integraban la coalición se enfrentaron abiertamente en el Parlamento, bloqueando leyes y medidas urgentes en plena crisis. Las pugnas entre el MIR y la izquierda sindical llevaron a una crisis económica y social, donde, según el historiador Mesa (2012), “la Asamblea se convirtió en el principal escenario del desorden político que impidió cualquier reforma estructural” (p. 311).
El mismo autor, Carlos Mesa (2021), recuerda que “la falta de acuerdos legislativos convirtió a la Asamblea en un campo de batalla verbal donde nadie cedía, y el país se hundía cada vez más”. El resultado fue devastador. La hiperinflación llegó a niveles históricos (anual de 8.170,5% en 1985) y el país quedó al borde del colapso institucional. Aquella Asamblea, en lugar de unir al país, lo fracturó más. Este periodo dejó una lección que aún no aprendemos: una Asamblea sin consenso no construye democracia, sino la destruye y la vuelve estéril.
1985–2003: los pactos y cuoteos políticos
Con la “democracia pactada”, Bolivia logró estabilidad macroeconómica, pero al costo de convertir la política en un sistema de reparto. Los pactos entre el MNR, ADN y MIR sirvieron para distribuir ministerios, empresas públicas y embajadas como botín político. Tal como nos recuerda y explica Mayorga (2003), “la política boliviana se transformó en una negociación permanente por cuotas de poder” (p. 47). Es decir, la negociación sustituyó al debate de ideas.
También Laserna (2019) nos dice que “la política boliviana de fines del siglo XX se convirtió en un reparto calculado del Estado entre élites partidarias”. La Asamblea dejó de representar al pueblo y se convirtió en un espacio de transacción política, sembrando el terreno para la crisis de legitimidad que estallaría en 2003.
2006–2019: la hegemonía de mayorías y rodillos
Con la llegada del Movimiento al Socialismo (MAS), el parlamento tuvo otra particularidad nunca antes dada. La Asamblea Legislativa se transformó en un órgano subordinado al Ejecutivo. Los asambleístas del oficialismo, en su mayoría, aprobaron leyes sin debate, en un ambiente de “rodillo parlamentario”. Servían para levantar la mano sin deliberar y los opositores eran reducidos al silencio o la expulsión simbólica.
Fue un Parlamento sin contrapesos, donde prevalecía la obediencia sobre la deliberación. Se aprobaron leyes fundamentales sin deliberación plural. El Legislativo era una maquinaria de validación, debilitando el principio republicano de equilibrio entre poderes.
2020–2025: fragmentación, bloqueos y estancamiento
Durante el periodo 2020–2025, los proyectos de ley más importantes (en materia de salud, justicia y desarrollo regional) fueron frenados por disputas partidarias. Entre acusaciones mutuas, investigaciones y boicots, el Legislativo perdió rumbo y legitimidad. Los sectores políticos, estuvieron más pendientes de su narrativa (fraude electoral-golpe del Estado), bloquearon proyectos de ley esenciales. En lugar de consensuar, se dedicaron a destruir al adversario. Así, Bolivia repitió su vieja historia: una Asamblea que no construye, sino que se paraliza en sus propios colores particulares.
Como afirma el politólogo Torrico (2023), “la Asamblea se ha convertido en un espacio de resistencia simbólica, más preocupado por bloquear que por legislar” (p. 6). Este desgaste ha derivado en una pérdida generalizada de confianza ciudadana en las instituciones representativas. Y bajo esta lógica, está claro que la democracia no se destruye solo con dictaduras, sino también con parlamentos inmóviles.
2025-2030: Hacia un nuevo lenguaje políticoErradicar las nociones de “oficialismo” y “oposición” no significa negar el pluralismo, sino transformarlo en cooperación responsable. La política no debería medirse por quién gana o pierde, sino por cuánto mejora la vida de los ciudadanos. En palabras de Arendt (1958), “actuar políticamente es construir un mundo común con otros”.
Bolivia necesita que la Asamblea Legislativa 2025-2030 sea un parlamento verdaderamente nacional, donde las diferencias ideológicas se conviertan en riqueza deliberativa. Si no se supera el lenguaje del enfrentamiento, seguiremos atrapados en una espiral que impide todo avance.
Los 166 asambleístas (130 Diputados y 36 Senadores), más allá de su sigla, representan a todas los bolivianos, debe primar en cada uno de los legisladores la lógica del servicio, no la del enfrentamiento. Porque, como advierte Bobbio (1997), “la democracia no se mide por cuántos partidos existen, sino por la capacidad de los adversarios para convivir en el respeto y la deliberación” (p. 88).
Conclusión
A lo largo de la historia política boliviana, desde la UDP hasta la actualidad, se observa un patrón repetido de confrontación y estancamiento. Los años ochenta mostraron la ineficacia del bloqueo político; la democracia pactada degeneró en cuoteos y reparto de poder; y el periodo del MAS consolidó una hegemonía sin deliberación. Tras 2019, la fragmentación legislativa solo profundizó el empantanamiento institucional. En todos los casos, el país terminó pagando el precio de un sistema que prioriza la lucha de bloques antes que la cooperación por el bien común.
Por ello, es urgente erradicar del lenguaje político las categorías de oficialismo y oposición. Los representantes elegidos deben asumir su rol como parte de una sola Asamblea Nacional, orientada a servir a todos los bolivianos. Solo cuando el diálogo-debate sustituya al enfrentamiento y la visión de país prime sobre la bandera partidaria, Bolivia podrá superar su estancamiento y avanzar hacia una democracia madura y verdaderamente constructiva.
Los asambleístas electos en 2025 tienen la oportunidad y el deber de romper el ciclo de enfrentamientos partidarios e ideológicos. Si continúan atrapados en sus siglas, condenarán al país al estancamiento o empantanamiento. Pero si deciden trabajar con visión nacional, podrán reconstruir la confianza en la política. Porque al final, la Asamblea no pertenece al oficialismo ni a la oposición: pertenece y representa al pueblo boliviano y debe comenzar a legislar con dignidad y visión de futuro.
Referencias
- Arendt, H. (1958). The Human Condition. University of Chicago Press.
- Bobbio, N. (1997). Derecha e izquierda: razones y significados de una distinción política. Taurus.
- Laserna, R. (2019). Democracia pactada y crisis política en Bolivia. Cochabamba: CERES.
- Mayorga, R. (2003). La democracia pactada en Bolivia. Plural Editores.
- Mesa, C. D. (2012). Presidentes de Bolivia: entre urnas y fusiles (1825–2012). Gisbert.
- Mesa, C. (2021). Historia contemporánea de Bolivia. La Paz: Plural Editores.
- Órgano Electoral Plurinacional (OEP). (2025). Elecciones generales 2025: cinco organizaciones políticas tendrán representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional. https://fuentedirecta.oep.org.bo
- Torrico, G. (2023). Fragmentación política y parálisis legislativa en Bolivia (2019–2023). Centro de Estudios Democráticos.
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